Colombia logra un avance histórico hacia la equidad tributaria

La reforma tributaria para la Igualdad y la Justicia Social, presentada por el Gobierno y recientemente aprobada en el Congreso, sin duda es un hito para Colombia. Para empezar, es la base fiscal indispensable para los planes de reforma agraria, los proyectos para aclimatar la paz, el mejoramiento de la salud, las pensiones, la educación, la economía popular, el empleo y la protección del medio ambiente. Se trata de los programas de cambio social del Gobierno que deben desarrollarse en el actual contexto económico de inviabilidad de un mayor endeudamiento, el dólar caro, las altas tasas de interés y las amenazas de recesión mundial.

Cabe recordar que Duque le entregó al gobierno de Gustavo Petro la “olla raspada”: una deuda pública de 62% del PIB, déficit fiscal real de más de 7% y balanza de pagos deficitaria en no menos de 6%. Es ahí, en la fragilidad de esos indicadores, donde hay que buscar el origen de la mayor devaluación relativa de peso frente al dólar comparado con otros países de la región. Al mismo tiempo, pese a que hubo una recuperación económica pospandemia, la errada gestión del gobierno pasado dejó una crisis social marcada por la pobreza y la vulnerabilidad de más de 70% de la población, la multiplicación del hambre y el aumento de la desigualdad social. Fue ese el factor determinante en la derrota en las urnas del partido uribista y demás candidatos del continuismo que contaban con el abierto apoyo presidencial. Si a ello se suma el sabotaje al Acuerdo de Paz, el desbordamiento de la violencia contra la población civil en 34% del territorio nacional y el imperio sin precedentes de la corrupción al más alto nivel en las instituciones del Estado, la verdad es que el legado del pasado régimen es un inmenso desastre por donde se lo mire.

A este escenario negativo en el ámbito interno, se agrega en el externo el panorama oscuro de la economía mundial, arrastrada hacia la recesión por las políticas de EE. UU. Y el efecto combinado implica un riesgo evidente de deslizamiento del país hacia la profundización de la crisis. Las actuales son circunstancias que exigen como respuesta una fuerte intervención compensatoria del Estado y el fortalecimiento de política social, que es exactamente el contenido del programa electoral del Pacto Histórico. Entonces, la pregunta primaria de “para qué” esta reforma tributaria se entiende, más que debido a la ignorancia, por la indolencia y la negación de la realidad que parece haberse convertido en doctrina única de quienes se oponen al cambio.

Con base en un balance objetivo de los hechos, el equipo económico del gobierno actual, dirigido por José Antonio Ocampo, preparó el proyecto de reforma tributaria con el que se propuso inicialmente aumentar el recaudo fiscal en $25 billones anuales. Su finalidad es asegurar los recursos necesarios para los programas de mejoramiento social y de apoyo al sector productivo y contribuir a afianzar la estabilidad de las finanzas públicas sin afectar al grueso de la población. El resultado al final del trámite legislativo fue 80% de esa meta, $20 billones, conseguido luego de un duro pulso de tres meses de intensa interlocución y acuerdos sobre los cambios tributarios progresivos en negociaciones con los aliados de los partidos tradicionales y diversos sectores de los empresarios.

Por tanto, ese resultado conseguido en cuanto a la meta de recaudo es por sí mismo un éxito notable del equipo del Gobierno y sus bancadas en el Congreso. Así lo destacaron el presidente Petro y el ministro Ocampo, quien agregó que ha sido históricamente la reforma tributaria más concertada. Pero hay un especto no menos importante del proyecto aprobado: el viraje desde la tributación regresiva hacia la progresividad fiscal en el Estatuto Tributario (ET), lo que le confiere a la reforma su carácter estructural y empieza a sintonizar el ET con los principios constitucionales de equidad, progresividad y eficiencia.

En el contenido progresista de estos cambios propuestos se centró precisamente la mayor oposición y la lucha principal en su defensa de los funcionarios y los legisladores del partido de gobierno y sus aliados de izquierda. Esta batalla se desarrolló especialmente después del primer debate de las comisiones económicas de Senado y Cámara. Previo a este debate ya se había concertado un texto de la reforma, luego de casi dos meses de trabajo intenso de revisión y diálogos sobre cada punto por el ministro Ocampo y el director de la DIAN con los parlamentarios ponentes y voceros de la sociedad civil y de diversos sectores económicos.

Sin embargo, ni bien terminó la aprobación del texto en primer debate cuando al unísono con los representantes políticos de los partidos declarados de oposición como el CD y no declarados como los seguidores de Vargas Lleras, el director del liberalismo, la directora del partido de la U y algunos personajes influyentes de los conservadores abrieron fuego mediático contra los aspectos transformadores más importantes de la reforma con el fin expreso de desdibujarla, mantener los privilegios fiscales que se eliminan en ella y, al mismo tiempo, reducir la cuantía de su recaudo a $13 billones o menos. En un intento claro de desbaratar los compromisos previos acordados durante el primer debate con los legisladores de tales partidos -que integran la coalición de gobierno- jefes neoliberales como Gaviria le trazaron “líneas rojas” a sus bancadas para el debate en plenaria: objeciones intransigentes destinadas a barrer los cambios fiscales correctivos de la regresividad tributaria, que son el alma de la reforma.

Se le sumaron en coro las declaraciones de los presidentes gremiales de la Andi, Fenalco, Acipet, y otros más. Y los reforzaron también una infinidad de denominados “expertos”, antiguos y nuevos, convocados por los medios e identificados en el propósito común de encender las alarmas sobre los supuestos daños irreparables para la inversión, el crecimiento y el empleo que traerá poner a pagar mayores impuestos a las grandes empresas minero energéticas, beneficiarias de la lotería de los altos precios internacionales. O quitarles muchas exoneraciones fiscales indebidas a las firmas instaladas en las zonas francas, así como a los propietarios de las mayores fortunas.

Igualmente, en nombre de los intereses del pueblo colombiano, no pocos de estos personajes se escandalizaron junto a la Procuradora con poner a pagar impuestos al 1% de pensionados que gozan de pensiones mayores a $13 millones mensuales. Y dirigieron duras críticas a los impuestos saludables sobre las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, supuestamente con la desinteresada intención de defender el derecho de los pobres a consumir lo que los enferma, pero sin referirse a las ganancias de los productores que se lucran inescrupulosamente con esos productos cuyos precios bajos amplían su consumo nocivo.

Al final de la lucha legislativa, luego de derrotar las maniobras del uribismo para dilatar la votación y tras largas horas de debate en las dos cámaras, el proyecto del Gobierno fue aprobado por abrumadora mayoría y posteriormente se llevó a cabo la conciliación de los textos de Senado y Cámara. Hubo que ceder a los aliados reacios al cambio algunas medidas contra la desigualdad como los impuestos para las altas pensiones, mantener algunas prerrogativas a las empresas instaladas en las zonas francas y conceder mayores plazos para la entrada en vigor de los impuestos saludables. No obstante, se logró aprobar la escala progresiva en el impuesto a la renta de las personas naturales (que incrementa gradualmente entre 1,8% y 9,3% el impuesto a los ingresos desde $11 millones mensuales), establecer el impuesto incremental a los altos patrimonios (mayores de $3 mil millones) y eliminar numerosos beneficios fiscales injustificados que disminuyen la tributación efectiva de las empresas y de las personas más ricas. Sumados, representan un recaudo superior a $6 billones anuales.

Así mismo, se eliminó la gratuidad conferida a las regalías mineras (descontables hoy del impuesto de renta) y se aprobaron las sobretasas a las utilidades del sector minero energético encaminadas a captar para el Estado una fracción de sus ganancias extraordinarias derivadas de los altísimos precios internacionales de que vienen disfrutando. Estos nuevos gravámenes, por alrededor de $11 billones, constituyen la mayor parte de los nuevos recursos fiscales y se obliga así a ese sector privilegiado a contribuir al gasto social y al desarrollo del país. Se trata además de que compense en parte el daño ambiental que soporta la sociedad, en especial las comunidades de las regiones mineras. Este avance fiscal alcanzado ha pasado a ser el reclamo más airado contra la reforma de sus contradictores. Por el contrario, como si se propusiera refrendar el criterio acertado del gobierno colombiano, el secretario general de las Naciones Unidas en su discurso de inauguración de la conferencia mundial sobre el cambio climático (COP 27) pidió a todos los países gravar los beneficios extraordinarios del negocio petrolero para pagar por los daños del calentamiento global.

Adicionalmente, otro de los sectores más privilegiados que deberá pagar una sobretasa mayor sobre sus ganancias en los próximos años (5%) son las instituciones financieras. Con los anteriores y algunos ajustes en los impuestos a los dividendos y las ganancias ocasionales se cumplen los objetivos de aumentar significativamente los ingresos del Estado con una mayor contribución de los más ricos y sin aumentar la carga impositiva de los trabajadores y la clase media. Es decir, lo opuesto a la fracasada reforma de Duque-Carrasquilla cuya meta de recaudo era similar, pero gravitaba en la ampliación del IVA y el ensanchamiento de la base de contribuyentes de las rentas laborales.

Por otro lado, como han reconocido ya las instituciones financieras y organismos internacionales como el FMI, el Banco Mundial y la OCDE, la reforma tributaria aprobada empieza a despejar el panorama fiscal del país y transmite seguridad económica a los acreedores, lo cual es importante en tiempos como los actuales de grandes restricciones para el acceso a los mercados de capitales. Por eso, los lamentos catastrofistas de ciertos voceros de gremios como la Andi, prolongados después de aprobada la reforma, así como el infundado discurso alarmista de los opositores políticos -que insisten en sostener contra toda evidencia que la reforma es un desacierto total y hundirá al país en la recesión económica- han merecido el reproche público del ministro José Antonio Ocampo que les pide dejar de provocar pánico económico con lo que contribuyen a una mayor devaluación del peso.

¡Quién lo creyera! Los respetuosos voceros gremiales de ayer, que avalaron o guardaron silencio frente a los abusos fiscales contra el pueblo del gobierno de Duque y observaron impasibles sus atropellos contra rebelión social del año pasado, son los francotiradores de hoy empeñados en hacer terrorismo económico. No importa si eso significa ahuyentar inversionistas y encarecer más el dólar para acelerar la inflación. En su caso los llamados a la sensatez son presuntamente persecución.

Lo inverosímil del reclamo revela una ardid publicitario de victimización, pero no logra empañar el gran paso que significa la aprobación de esta histórica reforma tributaria al cumplirse los primeros cien días del gobierno del cambio.

Noviembre 13 de 2022