La política fiscal y la ruleta de la reapertura sin adecuado soporte sanitario

Duque escatima los recursos públicos para mitigar la crisis social y le apuesta a la reapertura acelerada (que eufemísticamente denomina “gradual”) de la actividad de los diferentes sectores económicos. Con ello espera que sean las empresas y los trabajadores quienes restablezcan por sí solos la salud de la economía. Su esperanza es que alcaldías como la de Claudia López, al tener que enfrentarse a la avalancha de los retornos autorizados por Duque sin contar con la dotación sanitaria que el Gobierno no ha entregado, fracasen en su difícil tarea cívica y humanitaria. Entonces, procederían a culparla de la insuficiencia de infraestructura sanitaria y a capitalizar políticamente el dolor humano que origine la posible tragedia. Y a semejantes planes de desinformación y desprestigio se unió la Anif, el comité de aplausos de Duque y Carrasquilla, que representa a los banqueros.

Por Arturo Cancino

Economista, profesor universitario

En un intento por aminorar las graves consecuencias de escatimar los recursos públicos para mitigar la crisis social, el gobierno de Duque le ha venido apostando a la reapertura acelerada (que eufemísticamente denomina “gradual”) de la actividad de los diferentes sectores económicos. Con ello espera que sean las empresas y los trabajadores quienes restablezcan por sí solos la salud de la economía. El problema es que durante 3 meses trascurridos desde que se decretó la cuarentena, no ha resuelto en realidad ninguna de las debilidades del sistema sanitario, para lo cual dice que destinó $7 billones en recursos públicos. Ni siquiera ha podido asegurar los indispensables elementos de bioseguridad al personal de la salud, ni regularizar su situación laboral y el pago de los sueldos atrasados.

No obstante, desde finales de abril ha venido autorizando el regreso a la actividad de la mayoría los sectores económicos (ya van más de 43 actividades). Evidentemente, esto significa suponer, contra toda lógica, que la moderada ocupación que se logró durante la cuarentena de las escasas UCI disponibles, se mantendrá una vez los millones de trabajadores autorizados se terminen sumando a la multitud de informales que ha tenido que abandonar el confinamiento por falta de ayuda económica. Pero, como esta baja ocupación es improbable que siga así, para lavarse las manos el Presidente ha delegado en las autoridades locales la responsabilidad del control de los protocolos de bioseguridad de los sectores reactivados, sin aportar a las alcaldías y gobernaciones los recursos para manejar la compleja emergencia que se avizora. Por lo visto, la segunda emergencia económica y social que decretó el 6 de mayo pasado contempla todo tipo de asuntos que interesan al Gobierno menos los de la emergencia sanitaria.

Recientemente el ministro Carrasquilla se preciaba de haber destinado hasta ahora $28 billones, menos del 3% del PIB, para afrontar la crisis generada por la pandemia. Lo cual viene siendo la tercera o cuarta parte de lo que en promedio están dedicando otros países latinoamericanos de tamaño económico similar (Perú, Chile, Argentina). Pero en nuestro caso con un agravante: los recursos no le están llegando a quienes necesitan según reclaman los colombianos de a pie y repiten en todas las entrevistas los medianos y pequeños empresarios representados por Acopi. En cambio, la emergencia ha sido aprovechada para aumentar los subsidios al oligopólico sector financiero mediante bajas tasas de interés del Emisor (que no se trasladan a los deudores), rentas aseguradas en nueva deuda pública con los bancos privados (intereses por $350 mil millones) y generosas garantías del Estado para los créditos bancarios a las empresas (80-90%).

Y, así mismo, se mantienen incólumes los gastos suntuarios de la frondosa burocracia que acompaña al Presidente; no sólo los altos sueldos, viáticos y prerrogativas como carros blindados, y escoltas,sino costosos contratos de publicidad para los amigosde su partido y recomendados de su jefe, entre otros despilfarros en servicios superfluos y abusivos con los dineros públicos. Todo esto mientras se hacen cuentas y recalculan las exiguas ayudas al pueblo tomando como referencia la línea de pobreza e indigencia que se aplica en los programas asistencialistas como Familias en Acción.

Los cálculos mezquinos del Gobierno en el gasto social concuerdan perfectamente en lo político con las maniobras de su partido, el Centro Democrático (CD), dedicado a obstruir el control político de los legisladores sobre los actos del Ejecutivo, desestimar los reclamos y justificar los múltiples desatinos del Gobierno en todos los campos: desfinanciación de la salud, ayudas intangibles y créditos inexistentes, desastrosas relaciones exteriores, incursión de tropas extranjeras, atropellos y corrupción de militares, incumplimientos del Acuerdo de Paz, desprotección de los líderes sociales y excombatientes, despilfarro de los recursos en imagen, contrataciones opacas, etcétera. Al mismo tiempo, con propuestas insustanciales para cazartitulares en los medios, el CD trata de fabricaruna cortina de humo sobre las investigaciones periodísticas respecto a la intervención electoral de los narcoparamilitares en las elecciones presidenciales que involucran al presidente Duque y salpican su jefe político, Álvaro Uribe.

Para esta estratagema cuentan dentro de las instituciones con la colaboración creativa de un fiscal general amigo del presidente, dedicado a aplicar “todo el peso de la Ley” selectivamente sobre quienes no forman parte de los grupos políticos adictos al Gobierno. Una especie de Catón sesgado, que utiliza su poder para intimidar a los detractores del Gobierno y aparecer ante las cámaras con declaraciones efectistas y decisiones injustas ideadas para apartar la atención de la opinión pública sobre las investigaciones de los escándalos que implican al Presidente, las mismas que diligentemente tergiversa o embolata. Tras haberse iniciado en este mundo de la intriga y el absurdo anunciando hace semanas una investigación penal contra la alcaldesa de Bogotá por una rebuscada contravención a la cuarentena, ahora, en otra desproporcionada y sospechosa actuación, detiene a Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia, desempolvando una indagación en la que antes no se había hallado mérito alguno para una imputación contra éste. Y, gran coincidencia, aprovecha para poner presos a los investigadores de la Sijin que destaparon las relaciones de la campaña electoral de Duque con las mafias en La Guajira y el Cesar.

Mientras tanto, la estrategia del uribismo en las corporaciones públicas para recuperarse de su fuerte descrédito y su derrota en las pasadas elecciones territoriales, ha sido dedicarse por su cuenta a inventarle escándalos a los alcaldes y gobernadores contrarios a su partido y cuestionar desde la barrera los esfuerzos denodados de estos para frenar la expansión del contagio y proteger a la población contra un previsible colapso del sistema de salud. Es lo que reflejan los ataques políticos ejecutados por alfiles del uribismo. Se esmeran en enlodar e interferir la gestión preventiva de las autoridades locales, culpándolas del caos creado por las precipitadas decisiones del Gobierno, mientrascon la otra mano sus voceros estimulan las presiones gremiales para seguir acelerando el regreso a la “normalidad”.

Su esperanza, nada disimulada, es que alcaldías como la de Claudia López, al tener que enfrentarse a la avalancha de los retornosautorizados por Duque sin contarcon la dotación sanitaria que el Gobierno no ha entregado, fracasen en su difícil tareacívica y humanitaria. Entonces, procederían a culparla de la insuficiencia de infraestructura sanitaria y a capitalizar políticamente el dolor humano que origine la posible tragedia. Y a semejantes planes de desinformación y desprestigio se unió, cómo no, la Anif, el comité de aplausos de Duque y Carrasquilla, que representa a los banqueros.

¿Cómo será el país luego de la pandemia?

En contravía de las apuestas de quienes promueven el salto precipitado a la normalidad, el agravamiento de la crisis está a la vuelta de la esquina. Es previsible que se multiplique el número de víctimas del covid-19 así como de los damnificados por el hundimiento económico. No parece fundada la ilusión de neoliberales y uribistas de que la imagen del presidente Duque, infladaa punta de exposición mediáticay marketing político, vaya a salir fortalecida a pesar de sus gravesdesaciertos y promesasincumplidas. Tampoco es verosímil que la mayoría de la nación acepte de buen grado la prolongación del estilo autoritario de este Gobierno y su forma olímpica de ignorar las demandas del pueblo. Por tanto, peca de optimista la expectativa de la ultraderecha de que su demagogia obsoleta le va asegurar perpetuarse en el poder más allá del 2022 y podrá seguir impidiendo que se alteren los injustos privilegios de las élites rentistas que representa.

En medio de esta crisisy al revés de lo que sostienenlos apologistas de la austeridad fiscal, Colombia es un país que dispone de los recursos económicos y humanos necesarios para construir un futuro para todos. Y están emergiendo nuevas fuerzas políticas capaces de orientar a la naciónhacia soluciones democráticas que frenen el deterioro del nivel de vida del pueblo y disminuyan la vergonzosa inequidad social. Si estos sectores logran hacer converger sus esfuerzos, tienen todo a su favor para remover los reductos del sectarismo derechista y derrotar su discurso de estigmatización y engaño opuestos a la equidad y el cambio.

Salvo para los cautivos en la obtusa doctrina neoliberal de Duque y su séquito uribista, a muy pocos convencen los ahorros de la ortodoxia dogmática de Carrasquilla y la respuesta morosa de las finanzas públicas a la crisis. Sin olvidar las recomendaciones y llamados al activismo fiscal de reconocidos economistas (Cárdenas, Clavijo, Ocampo, Cabrera, Kalmanovitz, González y muchos otros), sin duda la propuesta más concreta ha sido la elaborada por 54 senadoresde la oposición. Se trata de la instauración de una Renta Básica equivalente a un salario mínimo mensual durante3 meses para los 9,5 millones de hogares cuyas cabezas están desempleadas, dos terceras partesdebido a la crisis. Con ello se busca garantizar temporalmente las condiciones de vida de 34 millones de colombianos y darles una base para sostenerse mientras empieza la lenta recuperación económica.

La fuente más lógica de estos recursos, que equivalen a 4% de PIB -2% más de lo que valen los inadecuados programas asistencialistas que serían sustituidos por la renta básica- es la reversión de los descuentos obsequiados a los grandes capitales en la última reforma tributaria de Duque ($9,4 billones). Esto se complementa con algo más de 1% del PIB por cuenta de la refinanciación parcial del servicio de la deuda pública externa, servicio al cual el país destina al año aproximadamente 6% del PIB. Suspender temporalmente este drenaje de recursossería una alternativa óptima. Pero si se optarapor un nuevo endeudamiento en lugarde una moratoria, éste lo puede respaldar el gobierno decretando impuestos sobre el patrimonio de los verdaderamente ricos (el 10% más alto de la pirámide social),como se ha hecho ocasionalmente en el pasado ante circunstancias menos graves.

Además de su efectividad para mitigar los estragos sociales de la crisis, lo anterior podría ser un primer paso hacia la reformadel sistema fiscal de Colombiapara imprimirle el sentido progresivo que estipula la Constitución y requiere el país. Sin duda, no se pueden subestimar otros obstáculos considerables al progreso social, como la extrema concentración de la propiedad de la tierra,origen de la pobreza rural y fuentede la riqueza rentista y el poder político de los terratenientes. Ni las consecuencias del incumplimiento por el Gobierno al Acuerdo de Paz y el clima de violencia contra la población rural por los grupos armados ligados al narcotráfico y a los clanes políticos regionales. Sin embargo, sin restarle importancia a estos problemas, la política fiscal puede convertirse en un instrumento oportuno y efectivo para que, con la construcción de un sistema tributario progresivo y un gasto público eficaz, se logre iniciar una redistribución del ingreso que disminuya la desigualdad social e impulse el verdadero desarrollo. Y una sociedad más equitativa tiene también más posibilidades de lograr afianzar una expresión política en el Estado capaz de consolidar la paz y hacer realidad una reforma agraria efectiva, así como las demás reformas democráticas que Colombia necesita.

Referencias:

“Congresistas proponen pagar renta mínima a 34 millones de personas”. El Tiempo, mayo 11 de 2020.

Congreso de la República de Colombia. Senado de la República. “Pronunciamiento sobre renta básica de los 54 senadores proponentes”. Mayo 27 de 2020.

Garay, Luis Jorge y Jorge Enrique Espitia (2019). Dinámica de las desigualdades en Colombia: en torno a la economía política en los ámbitos socioeconómico, tributario y territorial. Ediciones Desde Abajo, Bogotá.