El aumento de la inflación. Factores externos, determinantes internos y respuestas

Al terminar 2022 el IPC, Índice de Precios al Consumidor, alcanzó un incremento del 13,1%, valor que indica una grave pérdida en la capacidad adquisitiva de los colombianos. Con toda razón, hoy la inflación ocupa un lugar preponderante en las preocupaciones de la mayoría de las familias, por encima de otros aspectos también importantes como el crecimiento de la economía y el empleo. Y por eso mismo es necesario tratar de entender los factores principales que explican el aumento desbordado de los precios y las posibles medidas de política pública para ayudar a contrarrestarlo.

De acuerdo con el DANE, el grupo con mayor incremento de precios y contribución decisiva a la inflación es el de los alimentos, cuyos precios subieron en promedio el 27,8% y aportan la mayor parte del aumento del IPC. El fenómeno no es exclusivo de Colombia, es mundial, y afecta incluso a países ricos como Estados Unidos y la mayoría de los países europeos. Allá son también los alimentos, además de los combustibles, lo que principalmente presiona el aumento de sus respectivos índices inflacionarios, igualmente muy altos.

Entre las causas desencadenantes del alza de los precios internacionales está la generosa entrega por esos gobiernos durante los peores años de la pandemia de subsidios sociales monetarios. Su destinación era inobjetable, pero fueron financiados no con impuestos sino con emisión monetaria principalmente de dólares y euros, mientras la producción de bienes y servicios y el comercio sufrían un fuerte estancamiento. Es decir, tales gobiernos incurrieron sin dudarlo en la práctica que los comentaristas económicos suelen atribuir al “populismo latinoamericano”.

Es ese desfase entre oferta y demanda lo que la Reserva Federal de EE.UU trata de corregir ahora mediante el aumento acentuado de sus tasas de interés. Son conocidas las perturbaciones centrípetas que esto ha causado en el flujo de capitales sobre el resto del mundo, que se traducen en altas devaluaciones y volatilidad de monedas diferentes del dólar, como la nuestra. Y a ese desequilibrio cambiario, aunado a las fallas en las cadenas globales de suministros ocasionadas por la pandemia y la pugna económica de Washington con China, se ha sumado en el último año las secuelas económicas de la destructiva y prolongada guerra en Ucrania, pugna político-militar de Washington con Rusia que afecta la provisión mundial de fertilizantes, bienes energéticos y agrícolas, entre otros. Confluyen entonces la escasez mundial y las devaluaciones para encarecer la amplia gama de insumos y bienes finales e intermedios que los países importan. Sus altos precios provocan directamente inflación y actúan como propulsor de los demás precios en los mercados internos.

La crisis del sector rural y la producción alimentos en Colombia

Cabe recordar que los bienes agrícolas padecen además el fuerte impacto de los desastres ambientales, cada vez más graves, engendrados por el calentamiento global. Es precisamente el agravante sobre la inflación de alimentos en el caso colombiano. Colombia figura entre los países donde las catástrofes naturales afectan más al sector rural. Al alza de los precios internacionales del trigo, el maíz y otros alimentos, en los que desacertadamente pasamos a depender de las importaciones hace varias décadas, hay que sumarle el enorme aumento de los precios de los producidos localmente (más de 70% del consumo) como consecuencia principalmente de la escasez originada por las pérdidas que sufren los campesinos en los cultivos y animales de cría debido a las inundaciones, así como de las malas cosechas por estas y otros factores como la falta de insumos asequibles. Así mismo, la destrucción en gran escala por los derrumbes de las precarias vías que conectan a los productores con los mercados. A lo anterior se suman los homicidios de líderes sociales y desplazamientos forzados de comunidades enteras por los grupos armados ilegales que alteran la paz en una parte importante del sector rural.  

Entonces, es claro que además de tratar de moderar los sobreprecios de los alimentos e insumos agrícolas importados, el Estado tiene en Colombia la triple tarea de ayudar a los damnificados, reestablecer la tranquilidad en el campo y apoyar la producción campesina de alimentos con la provisión de tierras cultivables mediante la reforma agraria y la entrega de recursos económicos. Y al mismo tiempo que se ocupa de remover derrumbes en las vías principales, debe hacer sustanciales y urgentes inversiones en la construcción y mantenimiento de las vías terciarias (solo 10% están en buen estado), como está contemplado en el Plan de Desarrollo que empieza a debatirse en el Congreso. En infraestructura rural y de transporte, así como en muchos campos de la realidad económica, el problema que afronta este Gobierno es la necesidad de empezar a remontar cuanto antes el inmenso atraso heredado de los gobiernos anteriores. Así mismo, desactivar la violencia multiplicada durante el gobierno de Duque que sigue imperando en varias regiones del país.

Para ser realistas tenemos que admitir que los resultados en la estabilización y disminución de los precios de los alimentos no se verán de inmediato ni se reflejarán rápidamente en el IPC. Los beneficios generales de la nueva política de impulsar la producción del campo y mejorar el nivel de vida de la población rural sólo empezarán a sentirse cuando empiecen a llegar las nuevas cosechas a los mercados urbanos en volúmenes abundantes. Eso significa que la ejecución de los cambios que impulsen un aumento de la productividad y sustituyan importaciones onerosas es urgente e inaplazable, como lo muestra la activa gestión del ministerio de Agricultura. Pero requiere además un gran esfuerzo de otros ministerios y organismos nacionales y la colaboración de las instituciones territoriales desde las Juntas de Acción Comunal hasta las alcaldías y gobernaciones.

Infortunadamente, en muchos departamentos los clanes políticos regionales, promotores de la corrupción y el clientelismo, tienen mucho poder. La lucha no será solo por garantizar los recursos públicos sino evitar que estos se desvíen a las arcas particulares de los agentes de dichos grupos políticos. En este terreno la labor actual de los organismos de control y la Fiscalía, dirigidos por amigos de éstos, deja mucho que desear.

Las tarifas de energía eléctrica: oligopolios, regulación sesgada y fomento de la inflación

Otro factor con influencia creciente en la inflación es el precio de la electricidad. Desde hace varios meses el país observa con alarma que las alzas de las tarifas de la energía eléctrica, dentro del grupo de servicios con precios regulados, parecen imparables. A diciembre el aumento llegó a 22,4%, muy por encima del incremento del IPC, al cual contribuye por tanto desproporcionadamente.

No lograron resultados significativos las gestiones de concertación del Ministerio de Minas con los operadores del sector, muchos de ellos grandes empresas privadas. Tampoco desde la CREG, Comisión de Regulación de Energía y Gas, ha salido iniciativa alguna de un ajuste metodológico efectivo en la estimación de las variaciones en los costos que corrija el crecimiento irracional de las tarifas cuando los embalses, que generan la energía hidráulica barata, están llenos como ahora. Lejos de procurar la estabilidad de las condiciones de oferta del servicio y asegurar el acceso razonable al mismo por la población mediante tarifas equilibradas, la CREG parece entender su función como la de favorecer unilateralmente los intereses de los inversionistas con una visión sesgada de su independencia que desconoce la finalidad esencial de los servicios públicos. Por eso es explicable que, ante la rigidez corporativa y la renuencia de operadores y tecnócratas a actuar en función del interés general, el presidente Petro haya anunciado su intención de que el Gobierno retome directamente la función reguladora de las tarifas.

No se ha hecho esperar la reacción de los interesados en mantener los incrementos insólitos en los ingresos de las empresas de energía eléctrica a expensas de pagos excesivos por los usuarios. Camilo Sánchez, el presidente de Andesco, que reúne a las grandes empresas de servicios públicos, habló de los resultados funestos que provocarán controles “dictatoriales” que llevarían a la quiebra a las empresas prestadoras y predijo que los posibles alivios en las tarifas “se convertirían después en lágrimas” cuando las empresas terminen en descalabros como Electricaribe. Olvida el locuaz Sánchez que esa empresa privada fue el resultado de la vinculación de capitales españoles a la privatización del servicio de energía en la Costa Atlántica y no solo dejó de cumplir sus compromisos de inversión en infraestructura sino que defraudó al Estado desviando los subsidios que le otorgó, ante el silencio cómplice de una tecnocracia privatizadora. Esta última comparte obviamente sus apreciaciones sobre no poner molestos límites a la libertad económica de los inversionistas. Ya algunos de los defensores más extremos de los dogmas del mercado salieron a profetizar la aparición de “mercados negros” si se ejerce el control del alza de tarifas, como si estos fueran posibles en los servicios domiciliarios.

En realidad, era cuestión de tiempo que explotaran ante la opinión los abusos especulativos del modelo de gestión de servicios públicos diseñado desde la óptica neoliberal. Lo que durante el gobierno de Gaviria se hizo fue forzar a toda actividad de atención de las necesidades sociales, hasta entonces a cargo del Estado, a regirse por la lógica del mercado. Así como en los servicios de salud se promulgó la Ley 100 de 1993, el nuevo régimen para los servicios públicos domiciliarios se plasmó en la Leyes 142 y 143 de 1994. Con estas últimas el Estado se propuso crear las normas e instituciones para formar un nuevo mercado, es decir establecer precios regidos por la oferta y demanda, y permitir y favorecer inversiones con ánimo de lucro en el campo de los servicios públicos domiciliarios esenciales.

La oferta de la entrega de un mercado cautivo, o sea integrado por consumidores sin alternativas de elección por tratarse de monopolios naturales, fue recibida con entusiasmo por varios emporios multinacionales. En el caso de la energía eléctrica, para tratar de fragmentar el poder económico de los participantes y facilitar el monitoreo de la formación de los precios, los tecnócratas neoliberales dividieron el servicio en cuatro etapas: Generación, Transmisión, Distribución y Comercialización, cuyos costos ponderados (hoy 36%, 8%, 32% y 13%, respectivamente) se complementaron para llegar al costo unitario, CU, con otros cargos destinados a minimizar los riesgos de los inversionistas que remuneran las pérdidas de energía en el trayecto (técnicas y no técnicas, hoy 8%) y las llamadas restricciones externas (3%). Así mismo, a imagen de la bolsa de valores, crearon en 1995 una la bolsa de energía que junto con los contratos bilaterales de mediano y largo plazo entre comercializadores y generadores permitiría en teoría obtener los precios óptimos de Kilovatio/hora, a los que se sumarían los cargos por los otros factores para obtener el precio final a pagar por el usuario. Con todo lo anterior daban por sentado que se cumpliría a satisfacción con la responsabilidad de regulación de las tarifas que el gobierno delegaba en la CREG.

Sin embargo, la promesa de este ingenioso esquema respecto a impedir la posición dominante de unas pocas empresas y evitar la formación de oligopolios que abusen de la misma no se ha cumplido. El fracaso en impedir que unos pocos se adueñen del mercado y adquieran un poder determinante de los precios lo demuestra la progresiva concentración de los negocios del sector pese a la vigencia de estas reglas: según un estudio del Banco de la República (Lozano y Rincón, Formación de las tarifas eléctricas e inflación), por medio de la integración vertical el número de empresas disminuyó a casi la mitad (de 138 a 78); 3 empresas entraron a participar en las cuatro etapas de la cadena, 12 en tres etapas y 33 en dos, además de que la operación de transmisión se concentra en sólo 7 operadores.

En conclusión, en concepto de los autores sólo en la fase de comercialización se observan condiciones de competencia por número de empresas (imperfecta, porque 3 empresas concentran 61% del mercado), pero en la generación, transmisión y distribución predomina el oligopolio y no la competencia. No obstante, tanto la generación como la comercialización reciben tratamiento de libre competencia por la CREG y no de oligopolio como la transmisión y distribución. Es evidente que si una empresa compra la energía que ella misma vende, las posibilidades de que se negocien precios bajos del Kw/hora es mínima y el sobreprecio se traslada al usuario porque las opciones de elección de comercializadores por parte de éste son usualmente más teóricas que reales.

Como en el caso de la Ley 100 en el campo de la salud, poner el interés privado al servicio del interés público en los servicios sociales por medio de las leyes del mercado ha resultado un proyecto quimérico. Los promotores del modelo podrían llegar a pasar por ingenuos si no se tratara de un enorme engaño para encubrir el despojo desconsiderado por parte de algunos dueños de grandes capitales de los ingresos de la gente común, valiéndose de sus necesidades básicas.

Frente a todas estas maromas fallidas para incorporar las virtudes liberales de la competencia en un mercado cautivo, sólo le queda al Estado ejercer en forma rigurosa la función reguladora. Sin embargo, los elementos incorporados en la reglamentación de la CREG no parecen apuntar en la dirección de proteger los intereses públicos sino los de los inversionistas. Además de cargarle a la tarifa del servicio las pérdidas técnicas y no técnicas (8% del costo unitario) y las dificultades del entorno (3% del CU) para obligar a los usuarios a pagar por esos riesgos del negocio, desde 2006 introdujeron el cargo por estabilidad para prepagar a los generadores la disponibilidad futura de su oferta de energía. Por otro lado, muy al contrario de ofrecer recíprocamente al consumidor alguna estabilidad en los precios, el sistema de ajustes continuos en las tarifas en función de los indicadores de inflación ocasiona un incremento constante de los precios de la energía que así mismo empuja hacia arriba el IPC. Este a su vez determina nuevos ajustes de tarifas, en una espiral ascendente que actúa como multiplicador de la inflación. Para hacer más frecuente el reajuste, en 2008 incorporaron en la actualización de tarifas otra variable (Iw) que dispara el ajuste cuando cualquiera de las partes del precio (generación, transporte, distribución o comercialización) tenga una variación igual o mayor a 3%.

No se trata de negar que se requiere un sistema de actualización de precios, pero este debe actuar en intervalos razonables y en función de la variación de los costos reales de la actividad. La indexación de los precios con el IPC o el IPP (Índice de precios al productor), indicadores muy heterogéneos y afectados por las fluctuaciones de la tasa de cambio sujeta a la especulación, termina beneficiando injustamente a los accionistas de las empresas con aumentos indebidos en las tarifas que perjudican descomunalmente a los usuarios. El estudio citado estima en 0,78 puntos de aumento del IPC el impacto de un incremento de 10% en las tarifas eléctricas. Aceptando sin cambios ese cálculo, el aumento de 22,4% en las tarifas en 2022 significa una contribución de 1,75 puntos al aumento del índice general de inflación. Entonces, la participación del servicio de electricidad en el aumento del IPC, que en 2008 era de 2.86%, el año pasado pasó a representar 13,36%.

El agotamiento de la concertación y la respuesta del Gobierno

No sorprende entonces que la resistencia pertinaz de las empresas del sector, su gremio y sus complacientes reguladores de la CREG a hacer verdaderos cambios en la naturaleza especulativa de la determinación de los precios, haya llevado a una crisis de confianza gubernamental hacia los agentes y métodos para regular las tarifas del sector eléctrico. Primero, porque los recientes aumentos sin precedentes en los indicadores de inflación usados en los reajustes acentúan su papel de multiplicadores del precio de la energía, llevándolos a niveles confiscatorios de los ingresos de las familias. Y segundo, por encontrarse estos grupos poderosos, que gozan de la concesión del Estado para prestar los servicios públicos, frente a un gobierno que ha mostrado que sí le importan los efectos sociales de los excesos tarifarios y no considera intocables las decisiones sesgadas de cierto grupo de tecnócratas empoderados por los gobiernos neoliberales y acostumbrados a usar para sí las puertas giratorias con las grandes empresas del sector privado.

No han faltado las críticas al escenario y las palabras usadas por el presidente Petro para notificar al país sobre la retoma de las atribuciones del Gobierno en cuanto a la regulación del sector eléctrico. Pero no parece que alguien pueda demostrar la inconveniencia de que el Gobierno actúe con decisión, usando las atribuciones constitucionales a su alcance, sobre los factores controlables de la nefasta inflación que erosiona los ingresos de la mayoría y beneficia a unos pocos. Por el contrario, su intervención apropiada se puede considerar un imperativo para proteger la capacidad de consumo de los colombianos, propiciar una mejor distribución del ingreso y ayudar a superar la vergonzosa desigualdad extrema que agobia a nuestra sociedad.