Covid-19 y Pobreza en Barranquilla

Por Carlos Julio Giraldo Medellín
Dirección Regional del Atlántico PTC,.

Barranquilla atraviesa por el tercer pico de contagio con el mayor registro de muertes y el colapso de su red hospitalaria. Efectivamente, la ciudad registraba, hasta el domingo 4 de abril, un 89,4% de ocupación de las UCI, de las 753 que corresponden a la capacidad instalada. De estas, el 51,9% son ocupadas por pacientes con covid-19, que equivale a 326 personas.

El número de nuevos contagios ascendió a 1.717 casos, ocupando el segundo lugar después de Antioquia y llevando a que la ciudad supere la cifra de cien mil contagios. Así mismo, el domingo 4 de abril se sumaron 29 fallecimientos relacionados con el covid-19, llegando a un total de 2.561 personas fallecidas que en lo que va de la pandemia.

Al revisar el comportamiento de la pandemia por localidades, se encuentra que el mayor número de contagios se concentra en tres: Suroccidente, Norte-Centro-Histórico y Suroriente. Mientras que al revisar los 10 barrios con el mayor número de contagios se observa que en su mayoría pertenecen a las localidades Suroccidente, Suroriente y Metropolitana: El Rubí (222), Ciudadela 20 de Julio (139), Las Nieves (112), Alto Prado (101), San Felipe (98), Recreo (96), Boston (82), Corregimiento La Playa (79), Villa Carolina (77), San José (74).

Por otra parte, cuando se observa por número de fallecidos, de los diez primeros barrios, nueve de ellos corresponden a sectores con alto nivel de pobreza, desempleo y hambre: El Bosque, Ciudadela 20 de Julio, Las Nieves, Rebolo, La Luz, Carrizal, Santo Domingo de Guzmán, La Victoria, El Recreo y San Felipe. Lo anterior indica que la localidad con mayor número de personas fallecidas es Suroriente, seguida por Suroccidente y Metropolitana, que corresponden a los sures de Barranquilla, donde también se concentran la pobreza, el desempleo, el hambre, el marginamiento y la exclusión.

Efectivamente, de acuerdo con los resultados de la Encuesta “Mi Voz, Mi Ciudad”, realizada por Barranquilla Cómo Vamos, estas son las localidades donde se registra el mayor porcentaje de inseguridad alimentaria, es decir, donde más personas pasaron hambre por falta de recursos: Metropolitana (45%), Suroccidente (43%) y Suroriente (43%). Así mismo, en estas tres localidades se concentra el mayor número de personas que afirman haber perdido sus empleos: Metropolitana (85%), Suroriente (80%) y Suroccidente (78%).

Este panorama permite concluir que el covid-19 impacta con mayor fuerza a los sures de Barranquilla, las localidades donde se concentran la pobreza, la marginalidad, el hambre, el desempleo y la desesperanza, mientras que la respuesta de la actual administración y de los medios de comunicación es la de acusarlos de ser ellos los responsables del contagio por su “indisciplina social”, ocultando con ello la ausencia de inversiones sociales en una ciudad cada vez más excluyente.

 Nueva reforma tributaria

Por Francisco Cortés Rodas
franciscocortes2007@gmail.com

Colombia es uno de los países más desiguales del mundo en términos de ingreso, riqueza, propiedad y tenencia de la tierra. “Según las declaraciones de renta del año 2017, el decil 10 (superricos) concentró el 95,4 % de la riqueza total de las personas jurídicas del país, mientras que el decil 1 de los más pobres aglutinó tan sólo el 0,001 %” (Garay-Espitia, 2019). En la reforma tributaria del 2020, las tarifas del impuesto a la renta según el ingreso bruto fueron muy moderadas para las empresas más ricas del país, resultado de la multiplicidad de exenciones, deducciones y tratos diferenciales.

La actual propuesta de reforma tributaria del gobierno continúa esta tendencia desigualitaria, manteniendo algunas de las exenciones tributarias a los ricos y buscando más declarantes en los deciles de menores ingresos y de rentas que provienen del trabajo. En la medida en que el gobierno puede satisfacer a los parlamentarios que mueven el trámite en el Congreso con promesas y prebendas, se garantizará el paso –clientelista– de la tercera reforma tributaria del presidente Duque.

Con esto, y es lo realmente importante, se pierde una nueva ocasión para que los ciudadanos puedan decidir democráticamente qué recursos quieren dedicar a sus proyectos comunes: educación, salud, jubilación, empleo, desarrollo sostenible, inseguridad y violencia. No hay decisión soberana y democrática sobre impuestos si el ministro Alberto Carrasquilla y su poderoso séquito de economistas neoliberales, impone un modelo que exime de impuestos a los ingresos de capital, favoreciendo a los más ricos y desconociendo las obligaciones del régimen progresivo del impuesto sobre el ingreso.

El gobierno considera que mantener estas exenciones de impuestos es fundamental y necesario en las actuales circunstancias de competencia económica global porque son la base para que haya más inversión, crecimiento y empleo. Pero esto no ha sucedido durante estos años. Por el contrario, hay un aumento de la desigualdad, mayor concentración de ingreso y riquezas, el sistema de protección social en salud, educación y pensiones es cada vez más reducido y precario, han aumentado los niveles de desempleo e informalidad y la inseguridad y la violencia se han disparado.

Para que Colombia pueda ser una sociedad justa se requiere de otro tipo de política fiscal y social, otra forma de contrato social. La desigualdad no se podrá superar si se mantienen las actuales políticas impositivas que reducen el impuesto sobre los beneficios de las empresas y se exceptúan los dividendos y otros ingresos financieros del régimen impositivo. Tendremos que aceptar que la política fiscal no es sólo de recursos, sino también de redistribución del gasto público y de una política equitativa de beneficios tributarios.

Thomas Piketty dice que “el impuesto no es un asunto técnico, sino eminentemente político y filosófico, sin duda el primero de todos. Sin impuestos no puede haber destino común ni capacidad colectiva para actuar”. Se requiere un régimen tributario progresivo, que grave realmente a los más ricos y con tasas equitativas y proporcionales a sus ingresos a las clases medias y a los más pobres.

La lucha de los trabajadores de Amazon por su sindicato

Por La Redacción

En septiembre del 2019, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos declaraba, “debemos contar la verdad sin adornos”, cuando hacía el recuento del trato inhumano efectuado en su país hace 400 años para con los esclavos.

Como si se tratara de la repetición de un ciclo infame, en los últimos días los medios de comunicación nos han mostrado como Amazon, una empresa que contaba en el 2020 con aproximadamente 1,3 millones de trabajadores, sumando los de tiempo completo y los de tiempo parcial, posicionándose por esto como la segunda empresa mayor empleadora de personal del país del norte, remueve, con el comportamiento mezquino ante sus trabajadores, la tierra del pasado en el Estado de Alabama, que entre las entrañas de su historia recuerda, que los ricos antes de la Guerra Civil y dueños de plantaciones de algodón, fueron uno de los mayores traficantes y empleadores de esclavos. Su posición peyorativa ante los reclamos de sus trabajadores incluso por no tener tiempo para poder hacer sus necesidades básicas es en esencia la muestra de la repetición del ciclo infame de la “nueva esclavitud”.

Amazon, apoyada en la ley que, en los últimos cuarenta años, desde la presidencia de Ronald Reagan, muestra un clima hostil para las organizaciones sindicales, y con la flexibilidad ofrecida a las multinacionales monopolísticas, trata a toda costa de impedir la formalización de un sindicato, favoreciéndose por características del empleo ofrecido que tiene una gran rotación de su planta de personal.

Sin ningún tipo de escrúpulos, ha desafiado el interés legítimo de una organización sindical, inclusive comentando públicamente que cada sufragio a favor del sindicato será revisado en forma individual y contando a viento y marea que la elección se celebró de manera indebida. Y ya que la ley se los permite, en caso de darse un triunfo de los trabajadores, contemplará al año siguiente forzar una nueva votación, que, en caso de no repetirse la mayoría en favor de la formación del sindicato, le servirá para desconocerlo.

 Este es un resultado de la implementación de los servicios tecnológicos a costa de los intereses de los trabajadores, demuestra que los sindicatos y deben contemplar herramientas que contrasten los fuertes cambios de este nuevo “contrato social”.

Debe recordarse que las tecnologías no son neutras en cuanto a la relación de fuerzas entre los distintos grupos sociales; y que, en economías capitalistas, la introducción de innovaciones tecnológicas es dirigida por los empresarios a partir del cálculo de la rentabilidad, siendo evidentes las consecuencias sobre los trabajadores. De esto da claro ejemplo el caso Amazon.

Pasarán los días y veremos los resultados de esta disputa, que servirá de ejemplo para el trabajo informal que se viene dando en nuestro país con el trato laboral y la irresponsabilidad social de los nuevos empleadores del trabajo a destajo que se viene ofreciendo.

Seguro no pasarán muchos años para que las mismas organizaciones parlamentarias cuenten la verdad sin adornos de como han sido tratados los trabajadores de este siglo.